POR JOSE LUIS CASTILLO
UNO. – En Tamaulipas, la fiscalización de los recursos públicos parece estar entrando en una nueva etapa. Ya no se trata únicamente de revisar cuentas, encontrar irregularidades y, llegado el momento, determinar responsabilidades. La apuesta de la Auditoría Superior del Estado (ASE), encabezada por Francisco Noriega Orozco, apunta también a prevenir, acompañar y dar oportunidad a los entes públicos de corregir sus fallas antes de que estas se conviertan en un problema mayor para las finanzas públicas y hasta de cuestiones judiciales para los responsables del posible desvío del recurso público.
Vale la pena destacar que, desde la llegada de Noriega Orozco, la forma de trabajar ha cambiado. La revisión de las cuentas públicas no necesariamente comienza y termina con una observación. Existe un proceso de acompañamiento, apercibimientos y oportunidades para que quienes manejan recursos públicos presenten la documentación correspondiente, justifiquen sus gastos y corrijan aquello que no se está haciendo correctamente.
Es decir, no se trata de sorprender a los funcionarios en un error ni de convertir la auditoría en un mecanismo de persecución, sino de advertirles dónde están fallando y darles la oportunidad de subsanar las observaciones como ya se ha hecho y hay casos muy concretos de alcaldes azules y tricolores a los que se les ha llamado para corregir antes de actuar de otra forma, hay que aclararle a Gerardo Peña, diputado plurinominal panista, que refiere que a veces esto sólo se hace con unos cuantos.
Hay que dejar en claro que hay gastos que simplemente no se pueden comprobar, documentos que nunca aparecen y observaciones que, pese a las advertencias y oportunidades otorgadas, terminan sin solventarse. Y cuando eso sucede, ya no estamos hablando de desconocimiento o de una falla administrativa, sino de una posible irresponsabilidad de quienes tienen bajo su resguardo y administración el dinero de los ciudadanos.
Una cosa es cometer un error y tener disposición para corregirlo, y otra muy distinta es hacer caso omiso de las recomendaciones, apercibimientos y llamados de la autoridad fiscalizadora y es ahí donde empieza la chamba y se debe hacer lo que se tiene que hacer.
La ASE puede acompañar, orientar, advertir y otorgar los plazos que establece la ley, pero no puede asumir la responsabilidad que corresponde a alcaldes, funcionarios, tesoreros y demás servidores públicos encargados de ejercer el presupuesto.
El enfoque preventivo que ahora se busca fortalecer es positivo y necesario. Evitar que el dinero público se utilice incorrectamente siempre será mejor que descubrir el daño cuando los recursos ya desaparecieron o fueron destinados a fines distintos de los autorizados.
Pero también debe quedar claro que las oportunidades tienen límites y que la falta de comprobación del gasto no puede convertirse en una práctica recurrente ni en una salida fácil para quienes administran presupuestos públicos.
Al final, cada peso que se ejerce sin transparencia representa recursos que podrían faltar en escuelas, hospitales, calles, servicios públicos y programas sociales. La fiscalización no es un asunto de simples expedientes o trámites burocráticos: tiene consecuencias directas en la vida de los tamaulipecos y Paco Noriega lo sabe.
Francisco Noriega Orozco tiene ante sí el reto de consolidar una auditoría que no solamente detecte irregularidades, sino que logre evitarlas. Pero el éxito de esa transformación también dependerá de la voluntad de los entes fiscalizados para entender que administrar dinero público no es un privilegio sin consecuencias, sino una responsabilidad que exige transparencia, comprobación y rendición de cuentas, así de fácil.
DOS. – En la administración pública, los resultados no llegan por casualidad ni se construyen únicamente con anuncios o buenos propósitos. Detrás de cada programa, proyecto u obra que impacta positivamente en la población existe planeación, coordinación y, sobre todo, capacidad de respuesta de quienes tienen la responsabilidad de conducir las instituciones.
En el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), esta dinámica de trabajo se refleja en la conducción de su director general, Germán Fernández Guzmán, quien ha establecido como parte de su agenda una revisión permanente de los planes, programas y proyectos que desarrolla el organismo, cosa que su antecesor nunca hizo, es más nunca estaba en sus oficinas.
Las reuniones semanales de trabajo que encabeza con directores y coordinadores de las distintas áreas no son solo encuentros administrativos. Representan un ejercicio de seguimiento, evaluación y toma de decisiones para conocer qué se está haciendo, qué falta por atender y qué acciones deben acelerarse para cumplir con los objetivos institucionales.
Esa dinámica cobra importancia que se nota. La conducción de Fernández Guzmán permite dar respuesta puntual a cada asunto, mantener comunicación entre las áreas y evitar que los proyectos se queden solamente en el papel.
Un ejemplo de ello es el trabajo coordinado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que permitió concretar la aprobación de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para Matamoros, Altamira y Ciudad Victoria.
No se trata de un logro simple o buen propósito. Son espacios que representan una inversión superior a los 155 millones de pesos y que tendrán capacidad para atender a 410 niñas y niños. Además, colocan a Tamaulipas en el primer lugar nacional por el número de centros aprobados en esta etapa.
Hay que decirlo, detrás de estas cifras existe gestión, coordinación institucional y seguimiento. También hay una visión de desarrollo que entiende que la infraestructura social es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las familias, particularmente de quienes necesitan espacios seguros para el cuidado de sus hijos mientras cumplen con sus responsabilidades laborales.
El seguimiento a cuatro expedientes adicionales para construir nuevos centros en Nuevo Laredo demuestra que existe continuidad en la planeación y una intención de ampliar los beneficios de estos proyectos.
Ese es precisamente el valor de mantener una agenda de trabajo constante: atender lo inmediato sin perder de vista lo que viene y sobre todo hay que destacar que se reactivaron los programas y acciones de apoyo en beneficio de la población ya volvió ITAVU a la dinámica para la que fue creado, ya no son solo oficinas recaudadoras y lo que es mejor se atienden las peticiones que se hacen al ejecutivo en sus distintas giras de trabajo por la entidad.
Germán Fernández Guzmán parece tener claro que dirigir una institución no consiste solamente en ocupar una oficina o encabezar reuniones, sino en revisar, coordinar, resolver y dar continuidad a cada acción.
TRES. – La participación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, en la LXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), representa un espacio de interlocución y vinculación para fortalecer la presencia de la máxima casa de estudios de Tamaulipas en las decisiones y transformaciones que marcan el rumbo de la educación superior en México.
El encuentro, celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reunió a representantes de las principales instituciones educativas del país en una jornada de análisis sobre los desafíos del sistema universitario, la política pública
en materia educativa, el desarrollo científico y la defensa de la autonomía universitaria.
En este escenario, Dámaso Anaya refrendó el compromiso de la UAT de participar activamente en la construcción de una agenda nacional que responda a las nuevas exigencias académicas, científicas y sociales. Su presencia también permitió estrechar vínculos con autoridades educativas y representantes de otras universidades, consolidando espacios de colaboración institucional.
Uno de los puntos relevantes de la Asamblea fue la presentación del balance de gestión 2023-2027 del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, quien destacó el papel de la Asociación como interlocutor político y moral de las instituciones de educación superior, así como su defensa de la autonomía universitaria y su modelo de gobernanza solidaria.
La dimensión nacional de esta organización también quedó reflejada con la aprobación del ingreso de 15 nuevas instituciones, con lo que su membresía alcanzó las 293 instituciones de educación superior, ampliando su representatividad y capacidad de articulación en el país.
Asimismo, el encuentro abrió espacio para abordar el futuro de las políticas educativas y científicas, con la participación de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien presentó una propuesta de política pública para transformar la educación superior y el desarrollo científico. A ello se sumó la intervención del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, con información sobre avances presupuestales y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal.
Para la UAT, participar en estos espacios significa mantener una vinculación directa con los actores que intervienen en la definición de las prioridades educativas del país, pero también contribuir desde Tamaulipas con sus capacidades académicas, científicas y de vinculación.
La presencia de Dámaso Anaya en esta Asamblea confirma la importancia de que las universidades estatales tengan voz en los grandes debates nacionales y formen parte de los esfuerzos colectivos para fortalecer un sistema de educación superior con mayor coordinación, pertinencia y compromiso social.
